Peña Nieto promulga Ley para Instituciones de Tecnología Financiera
Nueva Ley para regular a las Instituciones de Tecnología Financiera.Conocida como “Ley Fintech” aprovechando la ceremonia de inauguración de la 81 Convención Bancaria que se celebra en Acapulco.
En presencia de directivos de la banca, reguladores del sistema financiero y de las financieras tecnológicas, Peña Nieto firmó la ley que fue aprobada en el Congreso el 1 de marzo pasado.
La nueva legislación regula los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología financiera, así como aquellos que sean ofrecidos o realizados por medios innovadores.
Fintech es la provisión de servicios y productos financieros a través de nuevos modelos de negocio basados en innovaciones tecnológicas.
México es el primer país latinoamericano con un innovador marco regulatorio, que busca regular las entidades de fondeo colectivo y pagos electrónicos, y promover la innovación.
México es líder en América Latina al sumar 238 startups que ofrecen servicios financieros con ayuda de la tecnología, de acuerdo con el Fintech Radars, elaborado por Finnovista.
Le siguen Brasil (219), Colombia (124) y Chile (75).
De las 238 empresas Fintech en México, 76 son de financiamiento colectivo, 48 de pagos electrónicos, 56 de asesoría financiera, cinco de activos virtuales y 53 de otro tipo de servicios.
De que se trata
La ley promulgada está basada en cinco principios rectores para proveer de mayor flexibilidad y regulación de la industria:
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- la inclusión e innovación financiera
- la protección al consumidor
- la promoción de la competencia
- la preservación de la estabilidad financiera y
- prevención del lavado de dinero.
¿Qué procede?
En los siguientes meses, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establecerá una regulación secundaria para las fintech que se dedican al fondeo colectivo (crowdfunding) y para las de pago electrónico.
Entre las autoridades involucradas e se encuentran la CNBV, Secretaría de Hacienda y el Banco de México que deberán cumplir con los periodos establecidos para emitir disposiciones sobre prevención y detección de financiamiento al terrorismo, seguridad de la información de los clientes, políticas de confidencialidad y activos virtuales, entre otros temas.
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